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Pandora Papers: Cartes responde sobre legalidad de sus operaciones en Panamá y EEUU

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El periodista español Jesús Escudero del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se puso en contacto con el expresidente de la República, Horacio Cartes, para ponerle al tanto de una investigación sobre finanzas offshore en la que aparecía junto con su familia, específicamente como beneficiarios de Dominicana Acquisition S.A., una sociedad incorporada en Panamá en el 2011 a través de OMC Group.

Al respecto, Horacio Cartes a través de sus abogados respondió que, efectivamente, se trata de una sociedad panameña adquirida en el 2011 como vehículo legal para la compra de un departamento para su familia en la ciudad de Miami, Florida. Agrega que la adquisición de bienes raíces en la Florida o en otras jurisdicciones a través de este tipo de estructuras societarias era en el 2011, y lo sigue siendo hasta ahora, una modalidad absolutamente legal y muy utilizada porque agiliza los procesos de compra y venta de los activos subyacentes y a la vez permite organizar el traspaso ordenado de los bienes a los herederos en caso de fallecimiento del titular.

Por otro lado, OMC Group es una firma panameña que presta servicios corporativos, contables y fiduciarios desde hace más de 60 años a clientes globales y fue recomendada a la familia Cartes por un estudio de abogados de Estados Unidos.

Carlos Palacios, abogado de Horacio Cartes, quien respondió al ICIJ. Foto: Archivo.
Carlos Palacios, abogado de Horacio Cartes, quien respondió al ICIJ. Foto: Archivo.

Asimismo, fue consultado sobre la transferencia de las acciones hasta entonces al portador de Dominicana Acquisition S.A. a nombre de Cartes y al de sus tres hijos. Sobre ello, el expresidente respondió que en el 2015 entró en vigencia en Panamá una modificación de la ley de sociedades, que dispuso la obligatoriedad de canjear las acciones al portador por acciones nominativas, o depositar las acciones al portador ante un agente de custodia autorizado, todo ello en el marco de las adecuaciones legislativas que se registraron en numerosos países siguiendo los estándares recomendados por el GAFI. Para cumplir con la nueva norma, el Sr. Cartes gestionó el canje de las acciones al portador de Dominicana Acquisition S.A. por acciones nominativas que fueron emitidas en copropiedad a nombre suyo y de sus tres hijos, con derechos de sucesión automática (right of survivorship). Todas las declaraciones exigidas por ley ante los órganos competentes, así como el pago de los impuestos vinculados a este activo se encuentran en regla, acotó el representante de la familia Cartes.

También se aclaró que la firma Dominicana Acquisition S.A. de Panamá nunca fue titular de cuentas bancarias en Paraguay ni en ninguna otra jurisdicción como lo dieron a entender los periodistas del ICIJ. Los abogados de la familia precisaron que Horacio Cartes no dirige el Banco Basa, como se afirma erróneamente en este punto, ya que el mismo no es accionista ni director de dicha institución.

Cumplió con su obligación ante la CGR

Igualmente, se dejó en claro que Cartes ha cumplido con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su declaración de bienes, tanto al asumir su mandato como Presidente, como al dejar el cargo. En cuanto a la sociedad panameña, la misma se encuentra inactiva porque ya no cumple ninguna finalidad práctica al haber sido vendido su único activo (departamento en Florida). La sociedad será eventualmente disuelta y dada de baja del registro mercantil panameño.

En cuanto a la consulta sobre si consideraba ético que un Presidente sea propietario de una sociedad offshore en una jurisdicción de baja tributación durante su mandato, Cartes aclaró que la sociedad panameña Dominicana Acquisition S.A. fue comprada en el 2011, mucho tiempo antes de ser electo como presidente de la República, con una finalidad concreta y absolutamente lícita (compra de un departamento en Florida). Por consiguiente, ser titular de acciones de una sociedad panameña, que es una jurisdicción que ha adecuado su legislación societaria según los estándares internacionales de transparencia, no riñe con la ética, y mucho menos cuando se trata de una sociedad meramente patrimonial que nunca ha realizado actividades comerciales ni transacciones financieras, y mucho menos ha tenido como finalidad eludir impuestos. De hecho, la conversión de las acciones al portador a títulos nominativos registrados a nombre de Cartes y el de sus hijos, y no a nombre de terceros, revela la más absoluta regularidad y transparencia de la propiedad y finalidad específica de dicha sociedad.

Asimismo, se puso de manifiesto que las declaraciones tienen como propósito permitir al ente contralor realizar el examen de correspondencia entre el patrimonio del funcionario al asumir el cargo público y al dejarlo, para verificar si ha existido o no un incremento patrimonial no justificado que pudiera dar pie a una investigación por enriquecimiento indebido. En el caso concreto de Dominicana Acquisition S.A., los mismos periodistas del Consorcio han podido constatar que la compra de dicha sociedad tuvo lugar en el 2011; es decir, antes de la asunción al cargo de Cartes en el 2013, y que dichas acciones siguieron perteneciéndole al culminar su mandato en el 2018, de modo que si su investigación apuntaba a establecer una hipótesis de utilización de una sociedad panameña para fines ilícitos, con las explicaciones dadas tal conjetura queda por completo descartada con respecto a dicho activo.

¿Propietario del Club Libertad?

Una de las consultas más insólitas efectuadas a Cartes por el ICIJ hace referencia a que la familia sería “propietaria del Club Libertad”. Al respecto fue contundente la respuesta, ya que ninguna de las empresas que conforman el Grupo Cartes es “dueña” del Club Libertad, que no es una sociedad comercial sino un club deportivo constituido como asociación civil sin fines de lucro. Si bien Horacio Cartes ha sido presidente de dicho club y hasta ahora sigue siendo uno de sus principales propulsores, nunca ha sido, ni podría serlo por la naturaleza jurídica de la institución, “propietario” del club. LN

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