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Eliminación del arancel consular para facilitar el comercio y competitividad, indicó canciller
El Gobierno presentó el proyecto de ley que elimina la vigencia del Arancel Consular, lo que obliga al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) a reclasificar y reorientar sus recursos humanos y los consulados en el exterior.
La eliminación del arancel consular representará una disminución del 24% en el actual presupuesto del MRE, por lo que la gestión se encuentra enfocada en una reducción de gastos operativos, gastos de capital y de recursos humanos, dijo el ministro Rubén Ramírez.
Ramírez participó este martes de una reunión con senadores de las comisiones de Hacienda y Relaciones Exteriores para analizar el proyecto que deroga varios artículos dela Ley 4.033/10.
El objetivo es facilitar el comercio y mejorar el perfil de competitividad, como parte de la política del Gobierno del presidente Santiago Peña, afirmó en declaraciones a medios de prensa al finalizar el encuentro.
«Prevemos que con algunas cesantías de funcionarios tendremos una reducción de US$ 5 millones anuales», continuó.
A fines de agosto el Poder Ejecutivo decretó el cese de funciones de 85 funcionarios en representaciones consulares, mediante el Decreto N° 151, y la Cancillería informó que otros 319 contratos que vencen el 30 de septiembre será reevaluados para su continuidad.
Ramírez dijo que las reducciones de personal serán preservando la calidad del servicio exterior y la atención de los connacionales. «No es una cuestión simplemente ajustada al presupuesto. No es solo cuantitativa, sino cualitativa», defendió.
A esto se sumará el cierre de algunos consulados, donde se priorizarán las sedes diplomáticas en sitios con mercados de interés y presencia de connacionales. Esto incluye también una gradual designación de las 17 embajadas actualmente vacantes, considerando que cada traslado de un embajador representa 3 salarios y tiene un impacto importante en el presupuesto institucional, manifestó Ramírez.
La actual Ley 4.033/10, Del Arancel Consular, establece una tarifario de visados de documentos de carga, de tipo de transportes y otras operaciones de importación para comercio marítimo, fluvial, ferroviario, aéreo y terrestre.
