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Los pyrague en la dictadura estronista

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Los pyrague, informantes que actuaron durante el período de la dictadura de Alfredo Stroessner, fueron pieza clave para conformación no solo de una red de información, espionaje y control, sino también de la instalación de un mecanismo de terror y persecución, cuyas ramificaciones llegaban hasta la tortura y la desaparición de personas.

“Anoche la F.E.S.A. (Federación de Estudiantes Secundarios de Asunción) con la asistencia de todos los miembros, entre ellos el Pdte. Luis Doldán, el Vice Efraín Gamón, Amarilla, Ruiz Moreira, Carlos Vázquez y otros resolvieron llevar a los estudiantes secundarios a una huelga general mientras no renuncie el Jefe de la Policía Mayor Duarte Vera. Entre sus consideraciones dijeron que la explicación dada por el Ministerio del Interior respecto al atropello que fueron víctimas los estudiantes por parte de la Policía el día Viernes p.p en el local del cine Municipal, es una burda mentira y que el procedimiento fue ordenado por el propio Mayor Duarte Vera. Es mi informe”. El “Informe confidencial”, con membrete de la Policía de la Capital, fechado el 25 de setiembre de 1956 y firmado por “X 9”, es uno de los tantos documentos que se encuentran en el Archivo del Terror, hoy Museo de la Justicia, y que revelan la forma en que, durante 35 años (1954-1989), la dictadura de Alfredo Stroessner se valió de los afamados pyrague, informantes y delatores, para establecer un control total de las actividades de la sociedad paraguaya.

La licenciada Rosa Palau, coordinadora del Museo de la Justicia, en el Palacio de Justicia de Asunción, reflexionó sobre cómo funcionaban los pyrague. “Cuando se habla de seguridad, inmediatamente se piensa en una oficina que permita tener un cierto sistema de información o de control”, señaló Palau. Para la especialista, estos esquemas existen en todos los gobiernos y es normal que cada país maneje información de relevancia, como registros de identidad, registros de migraciones y otros, pero cuando se van generando mecanismos de control de la forma de pensar o actuar de la ciudadanía, “eso sí ya es temerario, porque de ahí surgen el chantaje, la extorsión y la venta de información, y eso fue lo que pasó con la dictadura. No solo había un sistema oficial de control, sino que a través del tiempo se fueron controlando todas las actividades que se realizaban en el país”, agregó la especialista.

Palau está relacionada al Archivo del Terror desde su hallazgo, el 22 de diciembre de 1992. Como especialista en archivística participó en todo el proceso de organización y construcción documental del mismo. En ese proceso ha estudiado a fondo la documentación existente, buscando interpretar cómo operaba el régimen stronista y bregando por mantener la luz de la memoria sobre ese oscuro periodo de nuestra historia.

De entre los documentos existentes, Palau mostró un revelador organigrama encontrado en el Departamento de Investigaciones bajo el rótulo de Servicio de Información – Organización, que desarrolla de forma vertical, desde una dirección, pasando por el servicio confidencial y luego por las fuentes de información, un amplio espectro de control que incluía: reparticiones públicas, sindicatos, gremios, centros de estudiantes, asociaciones culturales y recreativas, entidades deportivas y sociales, centros políticos y entes económicos y religiosos. Todo este esquema se cubría a través de una red de informantes que proveía cualquier dato “sospechoso” a la Policía.

Este control se realizaba en parte mediante los agentes especiales, figura que se incluye incluso en presupuestos de la Dirección de Asuntos Técnicos. Estos eran informantes pagados, “y se le pagaba y bastante bien. Eran agentes contratados, podían ser civiles o entraban con un rango policial. Tenían cierta preparación para desarrollar esa tarea y se infiltraban en los más diversos círculos”, señaló la coordinadora.

Un documento fechado en mayo de 1962, firmado por el comisario Antonio Campos Alum y dirigido al entonces Ministro del Interior, Edgar L. Insfrán, solicitaba la suma de 60 mil guaraníes para el pago de asignaciones a Agentes Especiales y Técnicos de Laboratorio de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (la institución venía recibiendo 40 mil guaraníes mensuales). “Deseo recalcar que las responsabilidades de esta Dirección se han multiplicado en apreciable grado. Tenemos jurisdicción sobre toda la República y nuestra labor se torna sumamente difícil porque carecemos de recursos suficientes y adecuados, frente a la acción subterránea activa y constante de los elementos subversivos y agentes internacionales que día a día perfeccionan sus tácticas y métodos de agitación e insurrección contra el orden constituido”, agregaba el documento.

Una herramienta clave para desarrollar la “tarea” eran las famosas tarjetas de recomendación otorgadas por alguna autoridad policial o política. “El comisario Nery Saldívar certifica: Que el portador de la presente Sr. Juan Bautista Almada Fariña (…) es COLABORADOR CONFIDENCIAL de esta División. Por lo tanto se recomienda a las autoridades Civiles y Militares no molestarle sin causa justificada”. De esta forma el Comisario Gutiérrez, jefe de la División de Operaciones de Asuntos Técnicos, “blindaba” al tal Almada mediante una carnet firmado y fechado el 1 de abril de 1985 (documento que se encuentra en el Archivo del Terror).

“Cuando pensás en informantes, en el pyrague, tenés que pensar que estaban dentro de la estructura del gobierno. Podían estar infiltrados dentro de sindicatos, asociaciones, como también podían tener un amigo, un compañero, de donde obtenían información”, describió Palau.

Estos “agentes” firmaban sus informes con llamativos códigos o pseudónimos como “X 9”, “El anzuelo” o “La bomba atómica”. Ya hacia los 70 aparecen los que firmaban con su nombre de pila, como el caso de “Ramiro”, uno de los casos más reconocidos.

“Estudiando los cientos de informes y documentos, encontramos que al menos existían cuatro tipos de informantes: uno es el caso del agente especial, contratado exclusivamente para eso; otro, el fanático del partido (del Partido Colorado), que pensaba que se debía a su color y a ‘su general’ y que debía cumplir esa misión; luego el que entraba detenido y era torturado y ‘quebrado’, entonces a ese la Policía le decía ‘te voy a dejar en libertad, pero vas a tener que informarme’, además de amenazarlo con matar a su familia o traerlo de nuevo para otra sesión de tortura; y por último, ya a finales de los 70 y 80, el que vendía información. Estos llegaban, por ejemplo, hasta los altos mandos y pedían dinero para ayudarle a la esposa o la hija que estaba enferma a cambio de información”, explicó la especialista.

Los sistemas de información también iban perfeccionándose con los años y agregando novedades tecnológicas. “En los 60 un informe estaba escrito a máquina, mientras que en los 80 ya había casetes de audio. Se grababan programas de radio, homilías en las iglesias, discursos en asambleas, ya no se necesitaba la libretita, sino que los informantes llevaban sus grabadoras a todas partes. Acá (en el Archivo) tenemos 546 registros de audio que desgrabamos en el 93 y se digitalizaron posteriormente. Hay comunicaciones telefónicas, encontrás las voces de Waldino Lovera y otros recordados luchadores… Son cosas que se tienen que volver a escuchar, se tiene hacer un debate y dar respuestas a esas voces del pasado, porque si no hacemos memoria, si no conocemos nuestro pasado, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, permitiendo las mismas restricciones y vamos a verlo como natural”, señaló Rosa Palau.

En qué derivaban todos los datos proveídos por la red de informantes: en muchos casos, en detenciones arbitrarias (muchos informes eran sobre simples sospechas o datos falsos generados ante la necesidad de producir información sí o sí), en la tortura, con sus consecuencias físicas y psicológicas, y hasta en casos de desapariciones.

Los pyrague no solo eran piezas de un sistema de información, sino también de un mecanismo que generaba temor en la ciudadanía, que vivía con miedo de hablar, ya que el vecino, el compañero de trabajo o de facultad, podía ser un informante del gobierno. “Recién cuando llegamos a la apertura democrática y además con toda esta documentación, pudimos hablar en voz alta y las víctimas contar todo lo que pasaron”, afirmó Palau.

El juicio sobre estos elementos que constituyeron herramientas para la represión es, si quiere, insuficiente, ya que han pasado a ser vistos como simples proveedores de datos dentro del esquema represivo. En los 90, medios locales publicaron una lista de alrededor de una centena de informantes cuyas “tartejas” figuraban en los registros. Ante la falta de denuncias concretas, los pyrague del régimen nunca fueron investigados por la justicia.

Si se parte desde la base de que a lo largo de la historia han existido informantes y delatores, y que todos los gobiernos tuvieron y siguen teniendo (e incluso van perfeccionando) sistemas de información interna, haciendo una comparación con el periodo de la dictadura, encontramos que la palabra libertad es clave. “Igualmente, muchos siguen pensando que antes se vivía mejor. No valoramos plenamente la libertad, porque no conocemos lo que pasó”, expresó Palau.

El “Archivo del Terror” adquirió el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio documental mundial en el registro “Memoria del Mundo”. Su digitalización ha permitido que hoy esté preservado también en el Archivo Nacional y en importantes archivos en el exterior. “Eso permitirá preservarlo. Pero necesitamos hacer un proceso profundo de revisión histórica de la dictadura. De todas formas, de aquí a 50 años cuando alguien quiera buscar estos estos datos, allí estarán. Los nombres estarán ahí”, señaló finalmente Rosa Palau.

El “caso Ramiro”

Un caso destacado en el ámbito de los pyrague fue el de un prolífico informante que firmaba con su nombre de pila, “Ramiro”. El “colaborador” tiene un apartado dentro del libro “Es mi informe. Los archivos secretos de la Policía de Stroessner”, escrito por Alfredo Boccia, Myrian Angélica González y Rosa Palau, basado en los documentos del Archivo del Terror.

Los investigadores encontraron una “asombrosa cantidad de informes sobre la oposición paraguaya escritos con una inconfundible caligrafía”. Los informes abarcaban casi una década, entre 1978 y 1984, y contenían datos que revelaban un nivel de involucramiento bastante profundo dentro de ciertos sectores contestatarios. “Cuando escribimos el libro Alfredo Boccia, le empezó a seguir el rastro a Ramiro, hasta que le ubicó. Ramiro Espínola era un estudiante de Medicina en Corrientes, Argentina, y estuvo preso en el Departamento de Investigaciones en el 78, donde fue ‘quebrado’ durante los interrogatorios y desde entonces quedó como informante de Cantero y Pastor Coronel. En el momento en que se escribió el libro él se encontraba como director de un centro de salud, era médico”, señaló la coordinadora del Museo de la Justicia y una de las autoras, Rosa Palau.

“No todos los informantes de Investigaciones tenían la formación de Espínola, pero los informes llegaban de fuentes inverosímiles: reuniones sociales, conversaciones familiares, asados de amigos, etc. En todas partes parecía haber oídos atentos de la Jefatura”, se explica en el libro.

Un documento incluido en el mencionado capítulo del texto muestra el nivel de complacencia que llegó a alcanzar Ramiro ante el propio jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Coronel. En un memorándum fechado en febrero de 1980, el jerarca policial hace constar la entrega a Espínola, que entonces tenía 23 de edad, “de un automóvil de la merca VW tipo Brasilia, color blanco, modelo 1978, motor No. (…) para ser utilizado en préstamo, debiendo devolver a la institución en caso de serle solicitado”.

Rosa Palau.
Rosa Palau.
Grabaciones en casetes de todo tipo de reuniones.
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Personas, hechos de todo tipo eran objeto de vigilancia.
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Fichas de detenidos en el marco del Operativo Cóndor.
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